lunes, 9 de julio de 2012

Alquimia electoral: la remota figura de la nulidad



El IFE y, en última instancia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no anularán las elecciones presidenciales, aún cuando se presenten pruebas contundentes de compra masiva de votos. La causal abstracta, que dejaba un margen de interpretación para anular elecciones, fue desterrada luego de la reforma electoral del 2007, la cual señala que sólo se puede invalidar una elección con las causales previstas en la ley. Las sentencias emitidas por el TEPJF, SUP-JRC-604/2007, “Caso Yurécuaro” y SUP-JRC-165/2008, “Caso Acapulco”, sin embargo, introdujeron la nulidad de una elección por violación a los principios constitucionales, aunque ésta no esté consignada en el código. El TEPJF argumentó, certeramente, que a raíz de la señalada reforma de 2007, el tribunal electoral era un tribunal de constitucionalidad, ya que si sólo atiende, de forma literal, a pie juntillas, las causales de nulidad previstas en la ley, se transmutaría en un tribunal de legalidad, en franca contradicción con las facultades (que le otorga la misma reforma del 2007) de inaplicar las normas contrarias a la Constitución.

Esta característica sentó las bases para anular la elección municipal en Morelia, Michoacán, plasmada en una de las sentencias electorales más polémicas de los últimos tiempos, aderezada porque fue emitida por la Sala Regional Toluca del TEPJF (ST-JRC-117/2011) y no por la Sala Superior. Es el famoso caso del pugilista Juan Manuel Márquez, que ostentaba en su calzoncillo el logo del PRI durante una pelea contra Manny Pacquiao, celebrada un día antes de la votación en Morelia. De manera somera y general, la Sala Toluca precisó que se habían cumplido tres requisitos fundamentales para anular la elección: se acreditó la violación a principios constitucionales (el de equidad, sobre todo); se demostró que dichas violaciones eran graves e iban en contra de la Constitución y del desarrollo de una contienda democrática; y, por último, se pudo establecer que, cualitativamente y cuantitativamente, dichas irregularidades resultaron determinantes para la elección, ya que el PRI obtuvo una ventaja de apenas 0.75% respecto del segundo lugar (PAN). La Sala Toluca, integrada por dos magistrados y una magistrada, aprobó la sentencia 2 a 1, con el voto particular de la señora Adriana Fabela, quien opinó que no se había demostrado racionalmente que el simple logotipo del PRI en el calzoncillo del boxeador era suficiente para modificar el ánimo de los electores a unas horas de los comicios municipales: en pocas palabras, era imposible cuantificar con precisión si había una influencia que fuera definitiva a favor del candidato priista.

La sentencia fue tomada por algunos juristas como innovadora porque comprometía a las demás salas electorales en el país a seguir la misma senda o alejarse de ella; para otros, como para la Magistrada del voto particular y los priistas afectados, es sólo una aberración sin sustento. Obviamente, se puede leer detrás de esta resolución un mensaje muy claro: por un lado, advierte a los partidos políticos que hay límites que deben respetar (y que están en la Constitución) y, asimismo, resta poder al legislador que, intuyendo las posibles nulidades de elecciones presidenciales de la nación, optó por eliminar la causal abstracta y cerrar el paso al ejercicio de interpretación del Máximo Tribunal Electoral. La sentencia de la Sala Toluca es un duro golpe a la “partidocracia”, pues introdujo, de forma frontal, la causal de nulidad de una elección por violación de principios constitucionales, en virtud de sus facultades de tribunal, valga la redundancia, de constitucionalidad.

No obstante tal antecedente, es claro que existen ciertas limitantes para que estos criterios se actualicen en la reciente disputa por la Presidencia de la República. Por un lado, la Sala Superior, en una sesión posterior a la de la Sala Toluca, reviró y uno de los magistrados se lamentó porque ellos no podrían revisar dicha sentencia, lo cual nos da luz sobre la posible contrariedad de juicios que ambas salas ostentan respecto al caso. Más allá de esto, y apegados a la pobreza de las leyes que dan sustento a nuestra “democracia”, y con las cuales deben trabajar los magistrados, existen fuertes indicios para suponer que no procederá la nulidad de la elección.

Por un lado, primero que nada se debe probar la existencia de transgresiones a la Constitución y especificar cuáles son éstas. Después, acreditar que dichas infracciones son graves. Como bien se puede prever, resulta dificilísimo avalar la gravedad de las violaciones a principios constitucionales, máxime si Andrés Manuel López Obrador pidió públicamente que los ciudadanos enviaran pruebas, seña de que armarán una demanda desorganizada y basada en meras especulaciones. Sin embargo, diversos indicios adminiculados por los juzgadores resultan en una prueba contundente de conculcaciones graves de la norma suprema. Finalmente, y donde estaría el talón de Aquiles de la reclamación, sería certificar que tales desacatos fueron determinantes para el sentido de la elección, para lo cual debe atenderse a la magnitud medible o calculable racionalmente, es decir, a los criterios cuantitativo (el número de votos entre primer y segundo lugar) y cualitativo (que los principios constitucionales quebrantados se demuestren), de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Superior.

Seguramente, el criterio cuantitativo será asimétrico con el criterio cualitativo, lo cual echaría por tierra los agravios de la oposición. El argumento se la Sala Superior versará, probablemente, sobre el cálculo de que las cifras de votos comprados (y que puedan ser comprobados), restándolos a la ventaja del puntero priista, no modificará los resultados, pues seguirá arriba por una ventaja de 4 o 5 puntos, aproximadamente. En pocas palabras, invocarán el principio de la determinancia, el cual, a todas luces, no existe en una elección con tantos puntos entre primer y segundo lugar. Sin embargo, antes de llegar a este punto, es posible que el argumento de la sentencia también contemple que no hay certeza de que lo votos comprados por el PRI, en efecto, fueron para el PRI, ya que el voto es secreto.
 
El TEPJF actuará protegiendo el voto del ciudadano y partirá de la presunción de que hay votantes que favorecerán, por propio derecho del electorado, a cualquier partido político del menú. Es decir, que la conservación de actos públicos válidamente celebrados, sumado a la protección del voto de la mayoría de los ciudadanos que no fueron coaccionados, serán dos posibles conclusiones a las que arribará la sentencia, debido a que no se podrá comprobar, sin que quepan dudas, que se compraron millones de votos y que, efectivamente, aunque se hayan comprado, que exista una garantía palpable de que dichos sufragios fueron hacia el PRI. En otras palabras, que existan contratos con Monex y cientos de tarjetas de Soriana no garantiza, para nada, que esos votos fueron precisamente para el triunfador. Tendrían que ser, a números cerrados, poco más de tres millones de votos comprados e, infaliblemente, debidamente comprobados como votos indubitables hacia Enrique Peña Nieto. Por nada AMLO está hablando, recientemente, de 5 millones de votos comprados, con el fin de entrar en el margen de la definitividad y la determinancia. En resumen, la acreditación de violaciones a principios constitucionales no es suficiente para la anulación de una elección. Deben, como en una receta de alquimia, armonizarse diversos elementos que la legislación mexicana ha procurado sean inconmensurables.

La interrogante será si el TEPJF, a pesar de no haber determinancia, se atreverá a descalificar el proceso electoral en pro de privilegiar las normas constitucionales (nadie está por encima de las leyes) y así establezca un precedente inédito en nuestra nación, o bien en el balance final le dé prioridad a la protección del voto, tutelando el artículo 1º constitucional, reformado el año pasado bajo las vitales nociones de los derechos humanos y advirtiendo que si bien existieron prácticas de compra de votos, esto no da como resultado, necesariamente, una falta de libertad a la hora de emitir el sufragio. No hay vínculo de causalidad, a menos que se presenten pruebas irrefutables en tres millones de votos (lo cual es casi imposible) de que sí hay un nexo contundente. Creo que la brújula, contemplando esta consideración, apunta hacia la segunda opción.

No defiendo al sistema electoral mexicano. De hecho, yo no voté por el PRI porque lo considero más bien como una corporación maléfica, a medio camino entre un McDonald’s y un cártel poderoso de trasiego de drogas, que comercializa obscenamente con la ignorancia y la pobreza de los más humildes y trabajadores de este país. Trato de entender y describir la “racionalidad” de nuestra democracia, fundada en leyes-candados, concebidas por los partidos políticos con el fin de conservar privilegios y marginar a los ciudadanos. Los partidos políticos son los que están empoderados y han dado a luz un sistema que simula ser democrático, pero que consiente prácticas añejas contrarias al bienestar de la ciudadanía. Nuestras elecciones no estimulan los valores de la democracia, como la equidad, la certeza y el respeto a las mayorías y minorías. Más bien fomenta la desconfianza, el cinismo, la corrupción, la estafa, la confrontación y la ilegalidad. Los candidatos y sus compinches se burlan de la Constitución y de los votantes. Nuestra “democracia”, en lugar de generar paz y concordia, produce violencia e impunidad.

Es urgente que se realicen reformas profundas al sistema electoral que esclarezcan el panorama a los juzgadores y les faciliten el trabajo. ¿Es suficiente que se violen principios constitucionales, sean determinantes o no, para anular una elección? Si la respuesta es sí, quizá se anularían todas las elecciones en México. Que así sea. ¿Cómo se medirá la determinancia? ¿Una ventaja de un punto o de ocho puntos? Misterio que nuestras leyes no resuelven. ¿Debe meterse en cintura a los medios de comunicación y a las encuestadoras que vilmente favorecieron al PRI, a costa de una libertad de expresión mal entendida? Sin duda; México es un país que aún vive bajo la influencia de las grandes televisoras, sobre todo en zonas marginadas. La solución más sana, pienso, es otorgar con facilidades las licencias para que existan más televisoras y así mermar el poderío del duopolio. Otro gran problema es la inexistencia de una segunda vuelta. Es perturbador darle tanto poder a una persona por el simple hecho de haber obtenido una mayoría relativa. Enrique Peña Nieto gobernará un país en el que poco menos del 60% del electorado no lo quiere.

Desde este punto de vista, es una gran falacia lo que muchos medios de comunicación, analistas y dirigentes (como el Presidente del IFE y el mismo Felipe Calderón) nos han inculcado insistentemente: que vivimos en un país de instituciones sólidas. Ese 60% que no votó por EPN, contradice tal argumento. Es un país débil con un presidente con pies de barro, que tomará posesión desgastado, cargando con una opinión pública nacional e internacional desfavorable. Una segunda vuelta es pertinente, pero en donde participen los dos punteros y se acoten las campañas para esta etapa en unos 15 días. Con ello, muy probablemente se terminarían la mayoría de las mañas picarescas de los partidos políticos, debido a que el riesgo-beneficio sería impráctico. También tendríamos un Presidente con el apoyo de la mayoría, fortificado. Quimeras. 


Tenemos un IFE medieval digno de Los Simpson que reproduce boletas “por error” y pide que marquemos esas mismas boletas con lápices tenues; todo ello alienta la sospecha, más que la transparencia. Es imperativo que se modernice tal sistema arcaico y se dispongan de medios informáticos certificados por universidades de prestigio, cuyos procesos puedan ser consultados por todos. Añadido a ello, los consejeros del IFE y los magistrados del TEPJF son elegidos por el Congreso; son negociados entre los partidos políticos. Tal contrasentido justifica la desconfianza y las reclamaciones de los ciudadanos que sostenemos una burocracia inservible, pero eficaz para quienes pregonan que tenemos una democracia fuerte y sana. Todo ello, añadido a los ingredientes mistéricos de los preceptos electorales para la anulación de una elección viciada, manipulada por los medios de comunicación y los partidos políticos, dan como resultado una alquimia electoral inaccesible, un texto hermético, contradictoriamente, no sujeto a la hermenéutica. Tenemos una “teledemocracia”, igualmente ilusoria como las historias inocuas e inverosímiles de las novelas de Televisa y TvAzteca, más afín a un país que se sostiene en el sofisma narrativo de instituciones inoperantes, y que sólo los políticos, funcionarios, analistas y medios sesgados creen (y quieren imponer). Nos falta mucho para tener una democracia seria, firme, sin alquimias político-jurídicas, que le dé al Presidente el respaldo de las mayorías y, como decía Max Weber, el tan ausente “prestigio de la legitimidad”.

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